Decepción ante la OEP del Gobierno de Cantabria
Llevaba un tiempo atento a la publicación de la Oferta de Empleo Público de Cantabria (para el que no lo sepa aún, soy santanderino), ya que -optimista que es uno- esperaba que este año se convocasen plazas de archivero para trabajar en la Administración de mi Comunidad Autónoma. Finalmente, hoy se ha dado a conocer y se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (Decreto 30/2008) y no he podido reprimir mi decepción/enfado al no encontrar ninguna plaza de archivero. A lo mejor es que no los necesitan.
Como indica el propio Decreto en su exposición, la convocatoria de plazas para el ingreso de nuevo personal “se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales”. Desde luego, queda claro que los archivos, tanto en su vertiente “administrativa” como en la “histórica”, no entran (como no han entrado nunca) dentro de las prioridades del Gobierno de Cantabria.
¿Modernización de la Administración?
Con esta Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria pretendía “impulsar el proceso de modernización de la Administración”, apostando por las especialidades “como medida para favorecer la incorporación a la Administración Pública de personal cualificado” que consideran uno de los pilares de dicho proceso.
Mediavilla [Consejero de Presidencia] ha adelantado que la OEP será uno de los procesos administrativos que se incorporará a la teletramitación, con lo que, por primera vez, se podrán cursar vía Internet las solicitudes para acceder a las pruebas. De este modo, ha asegurado el consejero, “profundizamos en el proceso de modernización de la administración” y se asegura la “transparencia y la información”, mediante el acceso libre a la web del Gobierno en la que se comunica el estado de cada proceso.
Modernización de la Administración, gobernanza, Administración electrónica… son términos que se vienen repitiendo en las últimas legislaturas (tanto con gobiernos PP-PRC como PSOE-PRC), y algunas veces se han plasmado en iniciativas -en principio- interesantes. Un ejemplo de ello ha sido el Plan Marco de Modernización 2005-2007, con el que “se pretende poner en marcha una serie de proyectos que, basándose en el compromiso de los/as empleados/as públicos/as y personal directivo, permitan modernizar y mejorar los procesos de gestión interna y la prestación de servicios a la ciudadanía, bajo unos parámetros de máxima calidad y eficiencia”. No he podido ver todos los documentos del Plan, pero casi podría asegurar que no existe referencia alguna a los archivos, a pesar de que considero que la opinión de los archiveros tendría bastante cabida en cualquiera de sus tres líneas estratégicas, especialmente en la 2 (atención a la ciudadanía) y en la 3:
Línea Estratégica 3. Simplificación y normalización de procedimientos.
- Inventario de procedimientos. Se debe actualizar y perfeccionar el banco de datos existente
- Normalización y simplificación de procedimientos. Se procederá al rediseño, racionalización de procesos; normalización de documentos y redacción de manuales de procedimiento.
- Informatización de procedimientos y prestación de servicios en línea. Se informatizarán los procedimientos normalizados con la vista puesta en la Administración Electrónica.
Derechos de los ciudadanos
Uno de los resultados del citado Plan de modernización fue la aprobación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía (Decreto 152/2005, de 9 de diciembre), en la que se recopilaban una serie de derechos -que ya estaban reconocidos por la legislación-, entre los que podemos destacar:
- Derecho a una Administración moderna, transparente y abierta a la ciudadanía, incluyendo bajo este epígrafe el acceso a los registros y archivos públicos, con las limitaciones legalmente establecidas y sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas (1.5).
- Derecho a obtener información, que implica, entre otros derechos, el de conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos en los que tengan la condición de interesados y, en su caso, obtener copia de los documentos que contengan (3.2).
- Derecho a una Administración eficaz y eficiente, incluyendo, entre otras cuestiones, el derecho a exigir una Administración involucrada en la simplificación de procedimientos administrativos, con el propósito de hacerlos más sencillos, ágiles y eficientes, y comprometida con la calidad como norma de funcionamiento interno (5.1).
El Decreto con el que se publicó establecía además que “las Consejerías adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que, en su caso, pudieran dificultar la plena aplicación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía” (art. 5.1). Creo que muchos estaremos de acuerdo en que tanto en esta materia, como en la que tratábamos en el apartado anterior, archivos y archiveros tienen mucho (o por lo menos algo) que decir. Y que, de acuerdo con los objetivos y disposiciones de las propias normas y políticas adoptadas por el Gobierno de Cantabria, se tendrían que tomar cartas en el asunto, que se podría concretar en la creación de centros de archivo, la provisión de puestos de trabajo para archiveros, la implantación de una política de gestión documental… tal y como preconizaba la Ley de Archivos de Cantabria.
Una ley de adorno
No obstante, y a pesar de que este verano próximo se cumplirán 6 años desde la entrada en vigor de la Ley de Archivos de Cantabria (Ley 3/2002, pdf), poco o nada ha cambiado en el panorama archivístico cántabro.
En esta Ley, muy similar a las de otras Comunidades Autónomas -salvo en lo referente a su aplicación-, se articula un Sistema de Archivos de Cantabria en el que integran, en lo que a la Administración regional se refiere, con categoría de “Centros de Archivo” (art.11.1), los Archivos de oficina de las unidades administrativas; los Archivos Centrales de las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria, los organismos públicos de Cantabria, así como los de las sociedades mercantiles en las que la participación de la Comunidad Autónoma de Cantabria sea mayoritaria; y el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entre las funciones de estos centros (art. 11.2) -que se pueden resumir en las genéricas tradicionales de “reunir, conservar y servir”- se incluye la de “facilitar el acceso de los ciudadanos y proporcionar información a las Administraciones públicas para el ejercicio de sus funciones, así como a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas” (muy en la línea del Plan de Modernización).
Además, dichos centros de archivo deberán contar con los medios materiales y personales adecuados (art. 20):
Los Centros de Archivo pertenecientes al Sistema de Archivos deberán contar con las instalaciones adecuadas para la conservación, tratamiento y consulta de los documentos custodiados en cada fase de archivo. Igualmente, deberán contar con personal con la capacitación adecuada a las características del Centro y las funciones que tenga encomendadas.
Como muestra de buena voluntad, su Disposición transitoria única establecía que los Centros de Archivo existentes a la entrada en vigor de la presente Ley dispondrán de un plazo de dos años (ampliamente rebasado) para cumplir los requisitos que en la misma se establecen. Nada decía de los no existentes, como el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y no será por falta de edificio.
Un edificio bueno, bonito y barato… vacío
Ya he hablado en otra ocasión de lo que nos ha costado el edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, el (de momento fantasma) Archivo de la Comunidad Autónoma y la Biblioteca Regional. Un edificio que acaba de ser concluido en fechas recientes, a pesar de que se había anunciado su finalización para finales del año 2004 y que entraría en funcionamiento, constituyéndose como “el mayor centro cultural de Cantabria” (no salimos del viejo cliché) en el 2005. Hoy en día, el edificio permanece vacío, ante la extrañeza de algunos vecinos de la zona y el silencio casi absoluto de asociaciones, Universidad, sindicatos, funcionarios, grupos políticos, medios de comunicación… Y eso que no sólo afecta a los ciudadanos de Cantabria, sino a todos los contribuyentes españoles. Quizás sea porque el edificio puede resultar demasiado amplio para albergar a unos técnicos de archivo (desconozco el panorama bibliotecario, aunque me temo lo peor) que -si no me equivoco (y si lo hago, acepto rectificaciones)- se podrían contar con los dedos de una mano.
¿Es posible un cambio de rumbo?
No acierto a imaginar el futuro de los archivos en la Administración de Cantabria. Eso sí, seguro que después habrá muchas lamentaciones. Yo, por mi parte, me centraré en las oposiciones del Cuerpo Facultativo del Estado y continuaré atento a las noticias que me lleguen de Cantabria. Pero con más escepticismo, si cabe. Porque el Gobierno de Cantabria no necesita archiveros… ¿O sí?
