Perdiendo el juicio

Un fenómeno interesante que sucede con los medios de comunicación -y que seguro que tiene un nombre, aunque yo lo desconozco- es que cada determinado tiempo se centran una noticia y la exprimen hasta que ya no cae ni una gota. Con ella se abren los periódicos, se discute en tertulias radiofónicas y en mesas de “debate” televisivas, se escriben encendidas columnas y si tiene ritmo, hasta se saca un politono. Una mañana, te despiertas y desayunas con un nuevo notición que hace que te olvides de aquello con lo que te habían aburrido los días anteriores y con lo que te tendrán entretenido hasta que la vaca deja de dar leche y se busque otra a la que ordeñar.

Con lo que se llegó a llamar la “crisis de la Administración de Justicia”, los medios no es que hayan perdido el juicio… pero lo cierto es que durante bastante tiempo hemos tenido el soniquete de fondo. Empezó fuerte con la huelga de los funcionarios, hace unos meses. Luego se calmó un poquito hasta que una serie de desdichados errores judiciales dieron de nuevo la voz de alarma.

Sin hacer tanto ruido, de tanto en cuanto aparecen en periódicos locales noticias denunciando el estado lamentable de algunos archivos judiciales. El blog de María José Aldaz ha recogido ya unas cuantas, algunas acompañadas de fotografías que quitan la respiración.

Ahora parece que las aguas se han calmado y es un poco desalentador echar la vista atrás y comprobar cómo la comunidad archivística no ha aprovechado el interés mediático para hacerse oír, plantear soluciones y mejorar su visibilidad. Esta idea ha sido el eje de mi anotación en el blog de SEDIC, que dedica su tema del mes de junio a los archivos judiciales.

La modernización de la gestión documental y la dotación de personal cualificado en los archivos judiciales son factores cruciales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Como asociación de profesionales nos gustaría contribuir a ofrecer una información más directa sobre cuál es la situación de estos archivos, y sobre los problemas de la documentación en la Administración de Justicia en general. Por ello, decidimos dedicar el tema del mes de junio a los archivos judiciales. El blog está abierto a todas las colaboraciones que nos queráis hacer llegar para contribuir a un mejor conocimiento de la situación, tanto de las carencias como de las iniciativas que merezca la pena destacar.

Nunca es tarde si la dicha es buena, y se echan de menos muchas voces -más cualificadas que la mía en cualquier caso, que sólo pretendía romper el hielo-. Espero que la iniciativa del Equipo de Redacción del Blog de SEDIC no caiga en saco roto como ha sucedido, por ejemplo, con la celebración sin pena ni gloria el pasado día 9 del Día Internacional de los Archivos (¿Día Internacional de los Archivos?, ¿pero qué me dices?). Esta es una buena oportunidad para comunicar, debatir y proponer ideas. Puede que llegue un poco tarde, pero no hay que desaprovecharla. Porque nadie, sino los archiveros, hará que los archivos, en este caso los judiciales, pasen de ser almacenes infectos, a motor de la modernización de las organizaciones en general, y de las Administraciones Públicas en particular, a ser garantes de derechos y depósito de una parte importante de nuestra memoria colectiva.

Paco Fernández Cuesta: El archivo como problema y como solución: la implicación de la comunidad profesional

A propósito del archivo judicial territorial de Cantabria

Las noticias que leo procedentes de mi Comunidad Autónoma de origen no dejan de asombrarme:

El Ministerio retira la vigilancia del archivo territorial de Justicia (El Diario Montañés, 4-4-2007)

El archivo territorial de la Administración de Justicia de Cantabria, situado en el antiguo edificio de Tabacalera de la calle Alta, se encuentra sin vigilancia alguna desde el pasado día 1 por decisión expresa del Ministerio de Justicia.

La amortización de la plaza de vigilante ha sido tomada por la Administración en contra de los informes desfavorables de la Gerencia de Cantabria, que desaconsejó la supresión de la vigilancia por los riesgos y desprotección en que queda el archivo histórico.

La medida ha sido duramente críticamente por Comisiones Obreras (CC OO), que estima que «la medida es una más de tantas que recortan gastos fundamentales a fin de aparentar un coste de funcionamiento de la Administración de Justicia de Cantabria inferior al real». A juicio de CC OO, la reducción de gastos por parte del Ministerio se encuentra dentro del proceso de negociación de las transferencias de Justicia a la comunidad autónoma.

Hasta el día 1 de abril el archivo judicial estaba custodiado durante las 24 horas. El Ministerio de Justicia realizó un primer recorte, manteniendo la vigilancia únicamente por la tarde y noche. Entonces la Gerencia Territorial contrató un vigilante en jornada de mañana para completar el servicio, pero cuando se quedó sin partida presupuestaria no pudo seguir costeando el gasto. La Gerencia instó al Ministerio a que mantuviera el control continuo, sin éxito alguno.

CC OO considera que esta decisión «es un despropósito, no solo por el valor de lo que allí se custodia, sino también por la seguridad de los trabajadores que acuden a la dependencia, una espacio de gran extensión enmarcado en un recinto que se utiliza como aparcamiento, permaneciendo siempre abierto». Gerencia ha entregado un mando a distancia a los jueces, fiscales y secretarios que trabajan en el Palacio de Justicia de la calle Alta para abrir el portón de acceso al edificio y que puedan estacionar sus vehículos en el interior. Pero hay que accionar el cierre, con lo que «a veces queda abierto de par en par, con el riesgo de que entren personas ajenas», denuncia el sindicato.

CC OO entiende que Justicia, en su obsesión por ahorrar, no mide las las posibles consecuencias de sus decisiones para la seguridad de los trabajadores y de los fondos custodiados, que afectan a derechos de los ciudadanos y constituyen un patrimonio histórico».

La noticia dice bastante de la poca consideración que tienen los archivos para las Administraciones Públicas y, en general, para la sociedad. Y a propósito de ella me gustaría traer algunas reflexiones -a pesar de que no conozco muy bien la situación de los archivos de la Administración de Justicia (aunque la supongo) y puede que me equivoque-.

En principio, y según interpreto del Real Decreto 937/2003 de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales -del que hablaba de pasada en un post reciente-, los Archivos Judiciales Territoriales son archivos intermedios, no históricos. El hecho de que no exista aún (salvo excepciones) un verdadero sistema de archivos judiciales y que no se hayan creado (también en este caso excepciones aparte) las Juntas de Expurgo que establece dicha norma hace que no se hayan efectuado transferencias de la documentación con valor histórico.

El edificio al que hace referencia la noticia sólo lo conozco por fuera, ya que está situado en frente del Parlamento de Cantabria, donde trabajé un par de años. No obstante, me huele que de archivo nada: más bien me aventuraría a decir que es un almacén. Por lo que se puede entrever en el artículo, la preocupación del sindicato viene dada principalmente por el posible recorte de fondos para la Administración de Justicia en Cantabria con motivo de la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma. Por eso se preocupa por el vigilante -cosa que no critico, ojo- pero no por el/la archivero/a que, seguramente, NO EXISTE.

Puede que no tenga razón y que sí haya archivero/a. Pero si lo hay (en el Territorial de Cantabria o en los de otras Comunidades Autónomas), ¿cómo se ha realizado la provisión del puesto de trabajo? Yo por lo menos no lo se. Vuelvo al ámbito de las conjeturas: quizás no me enteré de la convocatoria de la plaza (ni de esa ni de otras). Se proveería a través de concurso, no sé… Estaré atento a partir de ahora por si se da la oportunidad y puedo optar a alguna plaza.

¿Será consciente la ciudadanía de Cantabria de la situación de los archivos en su tierra? Seguramente no, y eso no cabe duda de que es en gran medida culpa de nuestra comunidad profesional. A mí, por lo menos, me indigna leer en el mismo periódico de la anterior noticia lo siguiente:

El Gobierno invirtió tres millones [de euros] en fomentar la identidad regional

Qué cosas. Más o menos el 12,5 % de lo que ha costado el (cada vez más caro) edificio que albergará el AHP de Cantabria, la Biblioteca Regional y -supongo- el Archivo de la Comunidad Autónoma, aún pendiente de creación tras casi cinco años de la entrada en vigor de la Ley 3/2002, de Archivos de Cantabria [.doc]. A lo mejor es que los documentos generados en los veinticinco años de Autonomía no son parte esencial para la identidad de los/as cántabros/as.

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Eliminar la memoria histórica

A través del sitio de ACAL leo una noticia de la Agencia EFE que me ha llamado poderosamente la atención:

Los Tribunales de Justicia iniciarán en breve el expurgo de expedientes de homosexuales juzgados en el franquismo

Los tribunales superiores de Justicia comenzarán en breve el expurgo de los expedientes judiciales relativos a los homosexuales que fueron juzgados durante el franquismo en aplicación de la denominada Ley de Vagos y Maleantes, según avanza el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de IU-ICV, Isaura Navarro, a la que tuvo acceso Europa Press.

El Ejecutivo informa a la diputada de IU de que el Ministerio de Justicia ha creado una Junta de Expurgos en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia para dar cumplimiento a un decreto aprobado en 2003 para la modernización de los archivos judiciales.

La misión de estas juntas es “descongestionar” el espacio ocupado por los archivos de todos los órganos judiciales, eliminando los que no estén pendientes de tramitación y garantizando “la conservación” de aquellos que “puedan tener valor cultural o histórico”.

Aunque el Gobierno aduce que aún no tiene un conocimiento exacto de cuándo se va a proceder a expurgar los expedientes de los condenados por su condición sexual durante la dictadura por los que se interesó Navarro, prevé que será “en un corto espacio de tiempo, dado que los primeros expurgos se van a realizar de forma inmediata”.

Eso sí, el Gobierno recuerda a la diputada de IU-ICV que en las comunidades autónomas en las que han sido transferidos los medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la constitución de las Juntas de Expurgo han de impulsarla los ejecutivos regionales.

Publicado en la edición del 18 de marzo de 2007 de Europa Press

De momento no se ha publicado la respuesta del Gobierno a esta iniciativa, pero estaré atento para enlazar con ella en cuanto salga. No digo que haya que coservar íntegras esas series, no soy quien para decirlo; para eso están las Juntas de Expurgo que crea el Real Decreto 937/2003. Sin embargo, ¿esperan descongestionar los archivos judiciales expurgando esas series? ¿No habrá otras menos “trascendentes”? El volumen documental es ciertamente un problema en los archivos judiciales, pero quizás el problema tenga más vertientes: ¿están dotados del personal y medios adecuados?

En mi opinión -un poco apresurada y sin la información necesaria- el valor histórico de esas series es innegable, aunque, como he dicho antes, no sabría decir si merecerían o no conservación permanente. Además, repasando otras preguntas presentadas por Isaura Navarro he encontrado una relativa a las “Previsiones acerca de ampliar a las personas homosexuales que sufrieron cárcel y represión bajo la dictadura franquista en España por causa de su orientación sexual los beneficios y ayudas establecidos para los presos y represaliados políticos de la dictadura“, que fue contestada el 26 de agosto de 2005 en estos términos:

Los trabajos de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo aún no han finalizado, y por tanto no hay conclusiones definitivas sobre las acciones que el Gobierno va a emprender. En cualquier caso, las líneas de trabajo desarrollado hasta la fecha vienen definidas por la toma en consideración, de una forma u otra, de los colectivos que sufrieron persecución por razones políticas o ideológicas.

Repito que no estoy nada al tanto de la cuestión, así que desconozco si ha habido algún avance al respecto. No obstante, ¿que pasaría si en el futuro se establece algún tipo de indemnización, beneficio, reconocimiento o lo que sea, y se han eliminado parte de los documentos que permitirían hacer efectivos los derechos de esas personas o sus herederos?

Seguro que al final no es para tanto y todo tiene su explicación. Esperemos que la respuesta del Ejecutivo lo haga y de respuesta a alguna de estas preguntas. Sería bastante paradójico intentar recuperar nuestra memoria histórica y querer eliminar parte de ella, ¿no?

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