A propósito del 23-F: los medios y el acceso a la información pública

Ayer por la tarde, viendo el Telediario, me llamó la atención una noticia sobre el 23-F en la que presentaban nuevos datos sobre el Golpe, que habían salido a luz al revelarse el contenido de un informe presentado el 17 de marzo de 1981 por el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, a la comisión secreta creada en el Congreso de los Diputados para investigar lo sucedido. La noticia terminaba diciendo que

Todos estos documentos son ahora accesibles para algunos ciudadanos, los que acrediten un interés investigador. En cualquier caso, no se podrán fotocopiar o sacar del Archivo, solo consultar en el Congreso de los Diputados.

Hombre, lo de que no se pueden “sacar del archivo”, pues vale. ¿Pero a nadie le llama la atención el resto? Que haga falta una tarjeta de investigador, que no se pueda fotocopiar, que salgan a la luz treinta años después… Esta noticia podría servir para llamar la atención sobre la opacidad de nuestras instituciones y la arbitrariedad que reina a la hora de hacer efectivo el derecho de acceso a los documentos públicos. Sobre todo a los medios de comunicación, a los que se les llena la boca alabando las bondades que suponen casos como el de Wikileaks, pero les da absolutamente igual que se eche para atrás la Ley de transparencia y acceso a la información pública. De acuerdo, no a todos. Pero la impresión que dejan es esa.

Volviendo al 23-F y al Congreso, El País publicaba una noticia en la que se aportan los nuevos datos que se han conocido a raíz de la apertura del acta (que ha sido publicada por distintos medios) en la que los cuatro secretarios de la Cámara baja -Víctor Manuel Carrascal, Leopoldo Torres, Soledad Becerril y José Bono- relataban de forma pormenorizada el asalto. En este caso, la Mesa del Congreso ha decidido que sí se puede ver. No ocurre lo mismo, como es lógico, con determinados “documentos que podrían afectar a la intimidad de personas concretas”, como “los partes médicos de diputados atendidos esos días por los servicios médicos del Congreso”. Bueno, vale. Pero así, sin plazos… Menos mal que, según informa el mismo artículo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha encargado a letrados de la Cámara que elaboren un protocolo para la desclasificación de documentos secretos. En este momento hay un vacío legal, y se aplica por analogía la Ley de Secretos Oficiales, que prevé que puedan consultarse los papeles una vez transcurridos 25 años.

Para empezar: lo que se aplica “por analogía” es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). Al menos eso dice la Norma sobre acceso y valoración de los fondos documentales y bibliográficos del Congreso de los Diputados [pdf]. Porque la Ley de Secretos Oficiales de 1968 (sí, mil novecientos sesenta y ocho), de plazos no dice ni pío. Pero es que en la norma del Congreso no dice nada de plazos; y la LPHE no dice exactamente que puedan consultarse los “papeles” (ay, papeles, papeles…) una vez transcurridos 25 años.

Los medios de comunicación son fundamentales para el avance democrático de las sociedades. Pero cuando no se preocupan por acceder a las fuentes primarias… Malo. A lo mejor esperan a que alguien “saque” los documentos de los archivos y se los venda por un módico precio. Leyendo lo que escriben y escuchando lo que dicen, es lo que parece.

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid en RNE

El programa Documentos RNE del sábado 21 de marzo estuvo dedicado al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, inaugurando así una serie especial sobre los archivos históricos estatales.

Este documental radiofónico, elaborado por Juan Carlos Soriano, director de “Documentos RNE”, y tiene como conductor al director del Archivo, Eduardo Pedruelo. Además cuenta con la participación de los historiadores Teófanes Egido, Alfredo Alvar, María del Carmen Martínez, Lourdes Amigo y Jesús Ángel Redondo.

La serie dedicada a los Archivos Históricos Españoles que ha preparado RNE se centrará en siguientes capítulos en la Corona de Aragón, con sede en Barcelona, y en el legado del político José Giral, que su familia ha entregado al Archivo Histórico Nacional y que enriquecerá las investigaciones sobre la II República Española.

“Documentos RNE”, programa dirigido por Juan Carlos Soriano, se emite en Radio Nacional los sábados de 15:00 a 16:00 horas.

Una lástima que WordPress.com no me permita incrustarlo aquí: no obstante, se puede escuchar a través de la mediateca de RTVE (como estoy haciendo mientras escribo estas líneas, ya que no sabía cuándo iban a emitirlo), desde donde también se puede descargar: La Chancillería de Valladolid (Documentos RNE) [mp3, 50,6 MB].

Una buena noticia para nuestros archivos, quizás insuficientemente difundida. Así que escucha y… ¡pásalo!

Esas tierras no son tuyas

El año que acabamos de dejar atrás supuso el punto final del conflicto territorial sostenido por los municipios de Guriezo (Cantabria) y Trucíos-Turtzioz (Vizcaya) sobre la pertenencia del casco urbano y los montes de Agüera, suscitado a raíz de la denominada “guerra de los carteles“, pero que se remontaba hasta el siglo XVI. Puede que se trate de algo anecdótico, en ocasiones casi con tintes folklóricos (una especie de versión local y sin intervención militar de la “crisis” de la isla de Perejil), pero no deja de tener su importancia al tratarse de la integridad territorial de una Comunidad Autónoma.

Lo que me gustaría destacar del asunto es cómo para la resolución definitiva del litigio, que tuvo lugar por Sentencia de 9 de abril de 2008 de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (pdf), el equipo jurídico del Gobierno de Cantabria -en el que se encontraba el catedrático de Historia del Derecho Juan Baró Pazos– consiguió fundamentar sus pretensiones a partir de diversos documentos obrantes en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

[…] Habiéndose suscitado numerosos conflictos por causa del aprovechamiento de dichos montes, los Concejos de Sámano, Otañes, Ontón, Mioño y Santillán, promovieron un pleito contra el Concejo del Valle de Trucíos para que se pusiera fin a la comunidad (folio 13 de la Real Ejecutoria ganada, el 22 de mayo de mayo de 1552, por la Junta de Sámano, contra el Valle de Trucíos, sobre la partición y división de los montes de Agüera, del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que consta en el ramo de prueba del Gobierno de Cantabria). […]

De esta forma, la Orden del Ministerio de Admnistraciones que, en ejecución de dicha sentencia, aprueba el deslinde entre los referidos términos municipales (Orden APU/3595/2008, de 21 octubre; pdf), se fija el límite en estos términos:

En el sitio y mojón de Balorado que divide la jurisdicción de la villa de Castro Urdiales y valle de Trucíos, a seis días del mes de mayo de mil setecientos treinta y nueve, su merced el señor teniente general y juez egecutor en prosecución de su comisión visitó dicho mojón, que biene en derechura y de el último visitado llamado el de la calle de Pedrero por la peña de Clemente a este dicho mojón según que consta de visitas antiguas; y desde él se pasó a la otra parte del río y término que llaman el Ylzón del Cuento, en el que se encontró una cruz esculpida en un canto crecido junto a la peña, la que se renobó por dicho Maestro; y desde él se pasó al sitio de la Estorera, en donde se halló otro mojón junto a un castaño en el que se hizo una cruz; y de él se pasó al que está en el cueto de Monillo, junto a un enebro y se renovó una cruz que tenía a la parte de Gordón, donde se prosiguió al ilso de Vetayo, que está en lo más alto en el que se hallaron tres cruces, que una mira al oriente y las otras dos al poniente, las que se reformaron.

Hace un par de semanas conocí además que existía otro conflicto, esta vez entre Ontón -pedanía de Castro Urdiales (Cantabria)- y Muskiz (Vizcaya), a raíz de la noticia aparecida en la prensa local sobre la resolución al respecto del Instituto Geográfico Nacional (ver la versión vizcaína y la cántabra), y que parece que se decantará del lado montañés, gracias al anterior fallo del Supremo.

Dejando a un lado la curiosidad del asunto (la sentencia es todo un estudio histórico al que vale la pena echar un vistazo), me parece que desde el punto de vista archivístico se trata de un hecho representativo de varias cuestiones. Por un lado, del carácter testimonial propio del documento de archivo, de su juridicidad o trascendencia jurídica y de la permanencia (o renacimiento) de su valor primario.

Por otro, de la importancia de los fondos custodiados por el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid -centro en el que llevo trabajando casi desde el mismo momento en que se inició este blog-, quizás uno de los menos conocidos de los Archivos Estatales. A veces, como en el caso del Real Decreto de modernización de los archivos judiciales (RD 937/2003, de 18 de julio), invisible, ya que ni siquiera es mencionado en su Disposición adicional cuarta, en la que excluye de su aplicación a una serie de archivos históricos.

Y, por último, de lo paradójico que resulta que una Administración como la cántabra tenga que recurrir a documentos de archivo para apoyar sus pretensiones y defender algo tan sensible como su integridad territorial, mientras se carece de un sistema autonómico de archivos, de una política archivística propia, de personal cualificado, de sensibilidad hacia el patrimonio documental… Algo de lo que ya he hablado en bastantes ocasiones.

Por todo ello me parecía lo suficientemente interesante como para comenzar con ello el nuevo año de @rchivista, aprovechando además que paso unos días por estas tierras, tan reivindicativas para unas cosas y tan poco para otras. ¡Feliz año nuevo!

Usted necesita un programa de gestión de documentos

O, al menos, eso opina el genial John Cleese (ficha en IMDB) en este vídeo.

El vídeo forma parte de una campaña publicitaria protagonizada por el actor británico para la empresa de servicios archivísticos Iron Mountain (presente también en nuestro país), y que ha recopilado en YouTube vutronic.

Perdiendo el juicio

Un fenómeno interesante que sucede con los medios de comunicación -y que seguro que tiene un nombre, aunque yo lo desconozco- es que cada determinado tiempo se centran una noticia y la exprimen hasta que ya no cae ni una gota. Con ella se abren los periódicos, se discute en tertulias radiofónicas y en mesas de “debate” televisivas, se escriben encendidas columnas y si tiene ritmo, hasta se saca un politono. Una mañana, te despiertas y desayunas con un nuevo notición que hace que te olvides de aquello con lo que te habían aburrido los días anteriores y con lo que te tendrán entretenido hasta que la vaca deja de dar leche y se busque otra a la que ordeñar.

Con lo que se llegó a llamar la “crisis de la Administración de Justicia”, los medios no es que hayan perdido el juicio… pero lo cierto es que durante bastante tiempo hemos tenido el soniquete de fondo. Empezó fuerte con la huelga de los funcionarios, hace unos meses. Luego se calmó un poquito hasta que una serie de desdichados errores judiciales dieron de nuevo la voz de alarma.

Sin hacer tanto ruido, de tanto en cuanto aparecen en periódicos locales noticias denunciando el estado lamentable de algunos archivos judiciales. El blog de María José Aldaz ha recogido ya unas cuantas, algunas acompañadas de fotografías que quitan la respiración.

Ahora parece que las aguas se han calmado y es un poco desalentador echar la vista atrás y comprobar cómo la comunidad archivística no ha aprovechado el interés mediático para hacerse oír, plantear soluciones y mejorar su visibilidad. Esta idea ha sido el eje de mi anotación en el blog de SEDIC, que dedica su tema del mes de junio a los archivos judiciales.

La modernización de la gestión documental y la dotación de personal cualificado en los archivos judiciales son factores cruciales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Como asociación de profesionales nos gustaría contribuir a ofrecer una información más directa sobre cuál es la situación de estos archivos, y sobre los problemas de la documentación en la Administración de Justicia en general. Por ello, decidimos dedicar el tema del mes de junio a los archivos judiciales. El blog está abierto a todas las colaboraciones que nos queráis hacer llegar para contribuir a un mejor conocimiento de la situación, tanto de las carencias como de las iniciativas que merezca la pena destacar.

Nunca es tarde si la dicha es buena, y se echan de menos muchas voces -más cualificadas que la mía en cualquier caso, que sólo pretendía romper el hielo-. Espero que la iniciativa del Equipo de Redacción del Blog de SEDIC no caiga en saco roto como ha sucedido, por ejemplo, con la celebración sin pena ni gloria el pasado día 9 del Día Internacional de los Archivos (¿Día Internacional de los Archivos?, ¿pero qué me dices?). Esta es una buena oportunidad para comunicar, debatir y proponer ideas. Puede que llegue un poco tarde, pero no hay que desaprovecharla. Porque nadie, sino los archiveros, hará que los archivos, en este caso los judiciales, pasen de ser almacenes infectos, a motor de la modernización de las organizaciones en general, y de las Administraciones Públicas en particular, a ser garantes de derechos y depósito de una parte importante de nuestra memoria colectiva.

Paco Fernández Cuesta: El archivo como problema y como solución: la implicación de la comunidad profesional

Archibuzz, nosotros Archivamos

Archivamos, el boletín trimestral de ACAL, inaugura en su último número una nueva sección dedicada al mundillo de los blogs: Archibuzz.

Desde esta sección descubriremos algunos de los principales blogs de/sobre archivos del panorama internacional e iremos conociendo un poco más este mundillo, procurando conseguir sobre todo que nuestro ámbito profesional no siga ajeno a esta ya no tan nueva pero en auge forma de comunicar, compartir y debatir.

Se trata de un pequeño espacio en el que iré publicando alguna que otra reseña de los archiblogs más interesantes o, al menos, de los que me parecen más interesantes a mí, así como alguna que otra explicación sencilla y consejos básicos para que los lectores se acerquen a la archiblogosfera y -¿por qué no?- se animen a crear su propia bitácora.

El mayor problema que tuve fue decidir con qué empezar. Finalmente, pensé que lo mejor era comenzar hablando de mi blog favorito, ése que recomendaría a cualquier bloguescéptico:

ArchivesNext no es uno de los pioneros de lo que se podría llamar archiblogosfera -si es que existe realmente como comunidad definida, tal y como se preguntaba la autora en sus primeros posts. Tampoco se trata del blog sobre archivos con mayor autoridad según el ránking de Technorati, ni con respecto a Norteamérica -donde radican la mayor parte de archiblogs-, ni a Europa. Pero el interés y calidad de sus anotaciones y su consecuente capacidad para generar debate y traspasar las fronteras de su propia bitácora lo convierten en el candidato perfecto para iniciar esta sección.

He intentado escribirlo con un lenguaje un poco desenfadado e internetero [creo que estoy abusando de este tipo de palabros…], más propio del blog que de una revista tradicional, aunque espero no haberme pasado… y eso que la última frase es una morcilla que se ha colado -supongo que- involuntariamente en el proceso de edición. Así que perdón de antemano, no quiero herir ninguna sensibilidad.

Espero que os guste.

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Accesibilidad y derecho de acceso: un ejemplo vallisoletano

El Norte de Castilla de hoy (20-4-2008) publica, en su edición impresa, una carta al director que no puedo dejar de reproducir, por lo expresiva que es de las barreras que existen, en pleno auge de la Administración electrónica, a la hora de ejercer nuestro derecho de acceso a los archivos administrativos:

Fotocopias municipales
20.04.2008 – Carlos Gallego Brizuela

A quien no haya percibido el carácter revolucionario del reciente anuncio del presidente Herrera para la implantación de la telemática en la comunicación de los ciudadanos con la Administración pública regional, le vendrá bien conocer la experiencia de quien precise obtener unas simples fotocopias de un expediente del Ayuntamiento de Valladolid, el trámite más sencillo de todos los imaginables. En primer lugar, tiene usted que ‘echar’ una instancia en el Registro General (en la trasera del Ayuntamiento, colapsado salvo a primeras horas de la mañana), que pasa a un concejal para que dicte un decreto (¿un decreto!) accediendo a su solicitud (si es el caso) y advirtiéndole de que tiene que pasar por el Negociado de Tesorería (también en el edificio principal) a pagar las tasas, a razón de 0,20 euros cada fotocopia. Notificado el decreto aproximadamente una semana después y hecho el pago, se va usted con el justificante a la dependencia correspondiente, en esta ocasión del edificio de San Benito, donde le entregan las fotocopias después de firmar el correspondiente recibo. ¿Y todo para obtener unas simples fotocopias! Naturalmente, las cosas ocurren así por pura indolencia, perpetuando un trámite propio de la más rancia burocracia. Porque nadie se ha puesto a pensar que ese trasiego de ires y venires, de colas y esperas, y de papeles inútiles para la misma Administración, y particularmente para el ciudadano, y esa semana perdida en el empeño, no se ven en absoluto compensados en el conjunto de la economía municipal por el puñado de euros que así se recaudan al cabo de cada ejercicio. Afortunadamente, la vieja displicencia con la que los funcionarios de antaño trataban al administrado se ha trocado en una atención considerada, lo que sólo es un parcial consuelo.

Vamos, que ejercer el derecho de acceso… no es muy accesible.