Posts Tagged 'Cantabria'

Transparencia

Al hilo del último post, y aprovechando que hoy se inaugura el AHP de Cantabria (mientras el General sigue sumido en el olvido), recojo una cita muy apropiada para ser tenida en cuenta por una Administración que saca pecho cuando habla de transparencia.

.. las Administraciones Públicas, en el marco de una verdadera campaña de marketing, vienen identificando transparencia administrativa no con el acceso de los ciudadanos a los archivos, sino con información proporcionada a través de oficinas [o sitios web, o publicaciones de marcado carácter propagandístico -revistas y folletos institucionales-, podría añadirse] específicamente destinadas a ello. (…) Se pretende convencer a los ciudadanos de que las Administraciones Públicas son cada vez más transparentes. Pero transparencia no es saber qué hace la Administración, sino saber cómo lo hace: eso sí es información veraz.

D. DE OCAÑA LACAL. “El archivero y la aplicación de la legislación sobre acceso”, pp. 168-169. En El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2001.

Actualización (11 de enero de 2010): no había visto la primera crítica por parte de la oposición a la inexistente política archivística del Gobierno de Cantabria (sí, al final del texto menciona al nonato Archivo Regional). Tarde y con una clarísima intención política -no escribe en aras de la transparencia-, sin reconocer los propios errores o, mejor dicho, las omisiones. Pero bueno, no está mal que al menos se mencione el caso, de lugar a alguna réplica, y los medios de comunicación se interesen un poco.

Llegó la réplica (13 de enero de 2010)… pero sin mencionar el Archivo Regional, General o como quiera llamarse.

Política archivística de Cantabria: maquillaje y huida del Derecho Administrativo

Reconozco que he tratado ya demasiado en este (semiabandonado) blog la nefasta (por ausente) política archivística del Gobierno de Cantabria. Y que con este tema llego bastante tarde, pero es que no podía pasarlo por alto.

Con apenas archiveros en plantilla, la Administración regional decidió convocar plazas (el proceso selectivo se ha resuelto hace unos días) para dar uso al estupendo, nuevo, bonito y pagado por todos/as edificio que tenían muerto de la risa, y que habrá de albergar (o alberga ya), entre otros centros, el AHP de Cantabria (del de la Comunidad Autónoma mejor no hablamos). Digo “dar uso al edificio” no como una forma de hablar, sino porque es para eso. No se convocan plazas para poder dar por fin un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. No. Por eso las plazas no las convoca un Gobierno que en época de bonanza no necesitaba archiveros, sino un extraño organismo llamado Sociedad Regional de Cultura y Deporte que precisamente se ocupa de ese tipo de “asuntos”. Qué más dará un campo de fútbol, una pista de patinaje, el museo de la pantortilla… o la memoria de una región, el soporte de los derechos de sus ciudadanos y el principal mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de su Gobierno.

Particularmente me parece que podría calificarse como un mal ejemplo de huida del derecho administrativo, por no decir algo peor. De esta forma, se han ahorrado un montón de garantías y derechos de los ciudadanos (como plazos, posibilidades de recurso… o símplemente poder presentar la solicitud por correo certificado o en cualquier registro). Además, por lo que me parece -si me equivoco, disculpad mi ignorancia en estos temas-, aquellas personas que hayan superado el proceso selectivo no serán personal funcionario ni laboral del Gobierno de Cantabria, sino de esta Sociedad.

Y qué narices. Que me chirría mucho que lo convoquen así. Y leer el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte S. L. para la gestión de los Centros Culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (BOC nº 14, 22 de enero de 2009), que dice que

tiene por objeto encomendar a la “Sociedad Regional de Cultura y Deporte S. L” la gestión integral de los centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con exclusión de la gestión del personal del Gobierno de Cantabria adscrito a los mismos.

A tal efecto, la «Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.» velará por el adecuado mantenimiento y conservación de los centros: tanto en lo que se refiere a los inmuebles en los que se ubican como a la dotación de medios necesarios para su funcionamiento; organizará y gestionará el servicio de visitas a los centros; y colaborará en la organización y ejecución de actividades culturales que se desarrollen en los mismos.

O las propias Bases de la convocatoria (con las que no enlazo para que el internauta se deleite navegando por ese maravilloso ejemplo de usabilidad y accesibilidad que es el sitio web de la Sociedad), que citando los Estatutos de la Sociedad, dicen que

tiene como objeto social la promoción, organización y ejecución de actuaciones y actividades relacionadas con el patrimonio natural, histórico, cultural y deportivo de Cantabria, así como la promoción, creación y gestión de instalaciones e infraestructuras ligadas al mismo y el artículo 2 de sus estatutos enumera, a título enunciativo, las actividades que se entienden englobadas en el mismo, entre ellas “la creación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras culturales y deportivas cuya titularidad y/o gestión corresponda a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; adquisición, arrendamiento y gestión de inmuebles, siempre que guarde relación con su objeto social, con aportación de medios personales y materiales suficientes, en caso de que fuera necesario”.

A mí me parece -a primera vista y, repito, sin tener mucha idea en estas materias- que la convocatoria está jurídicamente cogida por los pelos. Y que refleja, como decía arriba, que el objetivo era dar uso a un edificio y evitar así posibles críticas. Maquillaje, símplemente. En fin -no quiero alargarme más- la enésima muestra del interés que tiene esta Administración por los archivos. O a lo mejor es que yo soy muy tiquismiquis.

Esas tierras no son tuyas

El año que acabamos de dejar atrás supuso el punto final del conflicto territorial sostenido por los municipios de Guriezo (Cantabria) y Trucíos-Turtzioz (Vizcaya) sobre la pertenencia del casco urbano y los montes de Agüera, suscitado a raíz de la denominada “guerra de los carteles“, pero que se remontaba hasta el siglo XVI. Puede que se trate de algo anecdótico, en ocasiones casi con tintes folklóricos (una especie de versión local y sin intervención militar de la “crisis” de la isla de Perejil), pero no deja de tener su importancia al tratarse de la integridad territorial de una Comunidad Autónoma.

Lo que me gustaría destacar del asunto es cómo para la resolución definitiva del litigio, que tuvo lugar por Sentencia de 9 de abril de 2008 de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (pdf), el equipo jurídico del Gobierno de Cantabria -en el que se encontraba el catedrático de Historia del Derecho Juan Baró Pazos- consiguió fundamentar sus pretensiones a partir de diversos documentos obrantes en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

[...] Habiéndose suscitado numerosos conflictos por causa del aprovechamiento de dichos montes, los Concejos de Sámano, Otañes, Ontón, Mioño y Santillán, promovieron un pleito contra el Concejo del Valle de Trucíos para que se pusiera fin a la comunidad (folio 13 de la Real Ejecutoria ganada, el 22 de mayo de mayo de 1552, por la Junta de Sámano, contra el Valle de Trucíos, sobre la partición y división de los montes de Agüera, del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que consta en el ramo de prueba del Gobierno de Cantabria). [...]

De esta forma, la Orden del Ministerio de Admnistraciones que, en ejecución de dicha sentencia, aprueba el deslinde entre los referidos términos municipales (Orden APU/3595/2008, de 21 octubre; pdf), se fija el límite en estos términos:

En el sitio y mojón de Balorado que divide la jurisdicción de la villa de Castro Urdiales y valle de Trucíos, a seis días del mes de mayo de mil setecientos treinta y nueve, su merced el señor teniente general y juez egecutor en prosecución de su comisión visitó dicho mojón, que biene en derechura y de el último visitado llamado el de la calle de Pedrero por la peña de Clemente a este dicho mojón según que consta de visitas antiguas; y desde él se pasó a la otra parte del río y término que llaman el Ylzón del Cuento, en el que se encontró una cruz esculpida en un canto crecido junto a la peña, la que se renobó por dicho Maestro; y desde él se pasó al sitio de la Estorera, en donde se halló otro mojón junto a un castaño en el que se hizo una cruz; y de él se pasó al que está en el cueto de Monillo, junto a un enebro y se renovó una cruz que tenía a la parte de Gordón, donde se prosiguió al ilso de Vetayo, que está en lo más alto en el que se hallaron tres cruces, que una mira al oriente y las otras dos al poniente, las que se reformaron.

Hace un par de semanas conocí además que existía otro conflicto, esta vez entre Ontón -pedanía de Castro Urdiales (Cantabria)- y Muskiz (Vizcaya), a raíz de la noticia aparecida en la prensa local sobre la resolución al respecto del Instituto Geográfico Nacional (ver la versión vizcaína y la cántabra), y que parece que se decantará del lado montañés, gracias al anterior fallo del Supremo.

Dejando a un lado la curiosidad del asunto (la sentencia es todo un estudio histórico al que vale la pena echar un vistazo), me parece que desde el punto de vista archivístico se trata de un hecho representativo de varias cuestiones. Por un lado, del carácter testimonial propio del documento de archivo, de su juridicidad o trascendencia jurídica y de la permanencia (o renacimiento) de su valor primario.

Por otro, de la importancia de los fondos custodiados por el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid -centro en el que llevo trabajando casi desde el mismo momento en que se inició este blog-, quizás uno de los menos conocidos de los Archivos Estatales. A veces, como en el caso del Real Decreto de modernización de los archivos judiciales (RD 937/2003, de 18 de julio), invisible, ya que ni siquiera es mencionado en su Disposición adicional cuarta, en la que excluye de su aplicación a una serie de archivos históricos.

Y, por último, de lo paradójico que resulta que una Administración como la cántabra tenga que recurrir a documentos de archivo para apoyar sus pretensiones y defender algo tan sensible como su integridad territorial, mientras se carece de un sistema autonómico de archivos, de una política archivística propia, de personal cualificado, de sensibilidad hacia el patrimonio documental… Algo de lo que ya he hablado en bastantes ocasiones.

Por todo ello me parecía lo suficientemente interesante como para comenzar con ello el nuevo año de @rchivista, aprovechando además que paso unos días por estas tierras, tan reivindicativas para unas cosas y tan poco para otras. ¡Feliz año nuevo!

Respuesta a una columna publicada en El Diario Montañés

Esta anotación recoge el comentario que he realizado en la versión electrónica de El Diario Montañés, a la columna titulada ¿Un dineral para cuatro marginales?, escrita por la periodista Violeta Santiago y referida al recién construido edificio que albergará la Biblioteca Central, el AHP y el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuestión que vengo tratando en las últimas semanas (I y II).

Sra. Santiago: en primer lugar, ese “pedazo de edificio” servirá para custodiar, en condiciones que garanticen su permanencia, un importante volumen de colecciones bibliográficas y fondos de archivo que actualmente no cuentan con condiciones dignas para su conservación. Una vez organizado y descrito, podrá ser digitalizado y puesto a disposición de esa “cantidad de personas que viven [sic] en lo virtual y de espaldas al inmensísimo placer de la lectura”, mientras los “cuatro seres marginales” podrán acudir a esa “instalación superlativa” para obtener un servicio presencial de calidad. Por todo ello, considero que el gasto (de todos los/as españoles/as, no solo de los/as cántabros/as) está más que justificado -otra cosa es cómo se ha gestionado-.

Por otro lado, en lugar de centrarse tan exclusivamente en los pobres ciudadanos y ciudadanas “de tacón alto” y “enganchadas a los cybercafés”, podría haber hecho extensivo su “rapapolvos” a los periodistas y medios de comunicación que apenas han llamado la atención sobre la situación de las bibliotecas y -mucho menos- los archivos en nuestra Comunidad Autónoma.

Por último, y centrándome en el caso de los archivos, me da la impresión de que usted -al igual que muchos de sus compañeros- no suele buscar sus fuentes en los archivos administrativos del Gobierno de Cantabria… ya que se habría dado cuenta de que prácticamente no existen. Sin embargo, se limitan a informar en muchas ocasiones a partir de las notas de prensa que difunde… por vía telemática. Muy acorde con los tiempos, ¿no?

Noticias desde Cantabria

Casualmente, una semana después de hablar de que el Gobierno de Cantabria no necesita archiveros (ni archivos), El Diario Montañés anuncia que El jueves se formaliza oficialmente la cesión de la Biblioteca y el Archivo. La que tendría que ser una buena noticia noticia, me ha dejado bastante indiferente. No abandono mi escepticismo. Como no me gustaría ser pesado con el tema, sólo voy a hacer tres apuntes:

Pues eso. Que cómo están las cosas por el Norte (con las noticias que llegan de Oviedo y de Galicia)…

Novedades

El Gobierno de Cantabria no necesita archiveros

Decepción ante la OEP del Gobierno de Cantabria

Llevaba un tiempo atento a la publicación de la Oferta de Empleo Público de Cantabria (para el que no lo sepa aún, soy santanderino), ya que -optimista que es uno- esperaba que este año se convocasen plazas de archivero para trabajar en la Administración de mi Comunidad Autónoma. Finalmente, hoy se ha dado a conocer y se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (Decreto 30/2008) y no he podido reprimir mi decepción/enfado al no encontrar ninguna plaza de archivero. A lo mejor es que no los necesitan.

Como indica el propio Decreto en su exposición, la convocatoria de plazas para el ingreso de nuevo personal “se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales”. Desde luego, queda claro que los archivos, tanto en su vertiente “administrativa” como en la “histórica”, no entran (como no han entrado nunca) dentro de las prioridades del Gobierno de Cantabria.

¿Modernización de la Administración?

Con esta Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria pretendía “impulsar el proceso de modernización de la Administración”, apostando por las especialidades “como medida para favorecer la incorporación a la Administración Pública de personal cualificado” que consideran uno de los pilares de dicho proceso.

Mediavilla [Consejero de Presidencia] ha adelantado que la OEP será uno de los procesos administrativos que se incorporará a la teletramitación, con lo que, por primera vez, se podrán cursar vía Internet las solicitudes para acceder a las pruebas. De este modo, ha asegurado el consejero, “profundizamos en el proceso de modernización de la administración” y se asegura la “transparencia y la información”, mediante el acceso libre a la web del Gobierno en la que se comunica el estado de cada proceso.

Modernización de la Administración, gobernanza, Administración electrónica… son términos que se vienen repitiendo en las últimas legislaturas (tanto con gobiernos PP-PRC como PSOE-PRC), y algunas veces se han plasmado en iniciativas -en principio- interesantes. Un ejemplo de ello ha sido el Plan Marco de Modernización 2005-2007, con el que “se pretende poner en marcha una serie de proyectos que, basándose en el compromiso de los/as empleados/as públicos/as y personal directivo, permitan modernizar y mejorar los procesos de gestión interna y la prestación de servicios a la ciudadanía, bajo unos parámetros de máxima calidad y eficiencia”. No he podido ver todos los documentos del Plan, pero casi podría asegurar que no existe referencia alguna a los archivos, a pesar de que considero que la opinión de los archiveros tendría bastante cabida en cualquiera de sus tres líneas estratégicas, especialmente en la 2 (atención a la ciudadanía) y en la 3:

Línea Estratégica 3. Simplificación y normalización de procedimientos.

  1. Inventario de procedimientos. Se debe actualizar y perfeccionar el banco de datos existente
  2. Normalización y simplificación de procedimientos. Se procederá al rediseño, racionalización de procesos; normalización de documentos y redacción de manuales de procedimiento.
  3. Informatización de procedimientos y prestación de servicios en línea. Se informatizarán los procedimientos normalizados con la vista puesta en la Administración Electrónica.

Derechos de los ciudadanos

Uno de los resultados del citado Plan de modernización fue la aprobación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía (Decreto 152/2005, de 9 de diciembre), en la que se recopilaban una serie de derechos -que ya estaban reconocidos por la legislación-, entre los que podemos destacar:

  • Derecho a una Administración moderna, transparente y abierta a la ciudadanía, incluyendo bajo este epígrafe el acceso a los registros y archivos públicos, con las limitaciones legalmente establecidas y sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas (1.5).
  • Derecho a obtener información, que implica, entre otros derechos, el de conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos en los que tengan la condición de interesados y, en su caso, obtener copia de los documentos que contengan (3.2).
  • Derecho a una Administración eficaz y eficiente, incluyendo, entre otras cuestiones, el derecho a exigir una Administración involucrada en la simplificación de procedimientos administrativos, con el propósito de hacerlos más sencillos, ágiles y eficientes, y comprometida con la calidad como norma de funcionamiento interno (5.1).

El Decreto con el que se publicó establecía además que “las Consejerías adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que, en su caso, pudieran dificultar la plena aplicación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía” (art. 5.1). Creo que muchos estaremos de acuerdo en que tanto en esta materia, como en la que tratábamos en el apartado anterior, archivos y archiveros tienen mucho (o por lo menos algo) que decir. Y que, de acuerdo con los objetivos y disposiciones de las propias normas y políticas adoptadas por el Gobierno de Cantabria, se tendrían que tomar cartas en el asunto, que se podría concretar en la creación de centros de archivo, la provisión de puestos de trabajo para archiveros, la implantación de una política de gestión documental… tal y como preconizaba la Ley de Archivos de Cantabria.

Una ley de adorno

No obstante, y a pesar de que este verano próximo se cumplirán 6 años desde la entrada en vigor de la Ley de Archivos de Cantabria (Ley 3/2002, pdf), poco o nada ha cambiado en el panorama archivístico cántabro.

En esta Ley, muy similar a las de otras Comunidades Autónomas -salvo en lo referente a su aplicación-, se articula un Sistema de Archivos de Cantabria en el que integran, en lo que a la Administración regional se refiere, con categoría de “Centros de Archivo” (art.11.1), los Archivos de oficina de las unidades administrativas; los Archivos Centrales de las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria, los organismos públicos de Cantabria, así como los de las sociedades mercantiles en las que la participación de la Comunidad Autónoma de Cantabria sea mayoritaria; y el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entre las funciones de estos centros (art. 11.2) -que se pueden resumir en las genéricas tradicionales de “reunir, conservar y servir”- se incluye la de “facilitar el acceso de los ciudadanos y proporcionar información a las Administraciones públicas para el ejercicio de sus funciones, así como a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas” (muy en la línea del Plan de Modernización).

Además, dichos centros de archivo deberán contar con los medios materiales y personales adecuados (art. 20):

Los Centros de Archivo pertenecientes al Sistema de Archivos deberán contar con las instalaciones adecuadas para la conservación, tratamiento y consulta de los documentos custodiados en cada fase de archivo. Igualmente, deberán contar con personal con la capacitación adecuada a las características del Centro y las funciones que tenga encomendadas.

Como muestra de buena voluntad, su Disposición transitoria única establecía que los Centros de Archivo existentes a la entrada en vigor de la presente Ley dispondrán de un plazo de dos años (ampliamente rebasado) para cumplir los requisitos que en la misma se establecen. Nada decía de los no existentes, como el Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y no será por falta de edificio.

Un edificio bueno, bonito y barato… vacío

Ya he hablado en otra ocasión de lo que nos ha costado el edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, el (de momento fantasma) Archivo de la Comunidad Autónoma y la Biblioteca Regional. Un edificio que acaba de ser concluido en fechas recientes, a pesar de que se había anunciado su finalización para finales del año 2004 y que entraría en funcionamiento, constituyéndose como “el mayor centro cultural de Cantabria” (no salimos del viejo cliché) en el 2005. Hoy en día, el edificio permanece vacío, ante la extrañeza de algunos vecinos de la zona y el silencio casi absoluto de asociaciones, Universidad, sindicatos, funcionarios, grupos políticos, medios de comunicación… Y eso que no sólo afecta a los ciudadanos de Cantabria, sino a todos los contribuyentes españoles. Quizás sea porque el edificio puede resultar demasiado amplio para albergar a unos técnicos de archivo (desconozco el panorama bibliotecario, aunque me temo lo peor) que -si no me equivoco (y si lo hago, acepto rectificaciones)- se podrían contar con los dedos de una mano.

¿Es posible un cambio de rumbo?

No acierto a imaginar el futuro de los archivos en la Administración de Cantabria. Eso sí, seguro que después habrá muchas lamentaciones. Yo, por mi parte, me centraré en las oposiciones del Cuerpo Facultativo del Estado y continuaré atento a las noticias que me lleguen de Cantabria. Pero con más escepticismo, si cabe. Porque el Gobierno de Cantabria no necesita archiveros… ¿O sí?

La gestión de documentos en Cantabria no parece trigo limpio

Hacía ya mucho demasiado tiempo que no escribía un nuevo post debido al estudio primero y al proceso de oposición(es) después. Finalmente no hubo suerte -vamos, que tendré que estudiar más para el año que viene- y aunque tampoco estoy excesivamente decaído (lo que no te mata te hace más fuerte) retomar la dinámica bloguera cuesta un poquito.

Por eso, para el retorno he escogido uno de mis temas favoritos: archivos en Cantabria. Y rebuscando en mi baúl de los horrores, rescato ahora una noticia bastante significativa que leí este verano y que muestra de forma muy gráfica las últimas tendencias en recordkeeping montañés.

Antes de nada, os pongo en antecedentes: una importante operación judicial contra el blanqueo de dinero y el fraude fiscal llevada a cabo en Cantabria; comienzan las detenciones, las investigaciones avanzan y cuando llega la hora de la verdad:

La gran chapuza
Los documentos de la ‘Operación Trigo Limpio’ que Hacienda custodiaba en el último piso, se mojaron con la lluvia al quedar abierta una ventana del techo
El Diario Montañés, 16 de junio de 2007

Me ha hecho gracia sobre todo la evaluación del estado de conservación de los documentos tras el siniestro: los legajos estaban ‘de mojados a muy mojados‘. Parece ser que los responsables del desaguisado no habían oído hablar de planificación de desastres… ni debían saber que en Santander, por lo general, llueve.


Páginas

Últimos favoritos (del.icio.us)

Redifusión (RSS)

Licencia


Los contenidos de este blog se difunden bajo una licencia Creative Commons

Creative Commons License

IBSN: 61-238-57-889

website statistics


Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 26 seguidores