Todos estos documentos son ahora accesibles para algunos ciudadanos, los que acrediten un interés investigador. En cualquier caso, no se podrán fotocopiar o sacar del Archivo, solo consultar en el Congreso de los Diputados.

Hombre, lo de que no se pueden “sacar del archivo”, pues vale. ¿Pero a nadie le llama la atención el resto? Que haga falta una tarjeta de investigador, que no se pueda fotocopiar, que salgan a la luz treinta años después… Esta noticia podría servir para llamar la atención sobre la opacidad de nuestras instituciones y la arbitrariedad que reina a la hora de hacer efectivo el derecho de acceso a los documentos públicos. Sobre todo a los medios de comunicación, a los que se les llena la boca alabando las bondades que suponen casos como el de Wikileaks, pero les da absolutamente igual que se eche para atrás la Ley de transparencia y acceso a la información pública. De acuerdo, no a todos. Pero la impresión que dejan es esa.

Volviendo al 23-F y al Congreso, El País publicaba una noticia en la que se aportan los nuevos datos que se han conocido a raíz de la apertura del acta (que ha sido publicada por distintos medios) en la que los cuatro secretarios de la Cámara baja -Víctor Manuel Carrascal, Leopoldo Torres, Soledad Becerril y José Bono- relataban de forma pormenorizada el asalto. En este caso, la Mesa del Congreso ha decidido que sí se puede ver. No ocurre lo mismo, como es lógico, con determinados “documentos que podrían afectar a la intimidad de personas concretas”, como “los partes médicos de diputados atendidos esos días por los servicios médicos del Congreso”. Bueno, vale. Pero así, sin plazos… Menos mal que, según informa el mismo artículo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha encargado a letrados de la Cámara que elaboren un protocolo para la desclasificación de documentos secretos. En este momento hay un vacío legal, y se aplica por analogía la Ley de Secretos Oficiales, que prevé que puedan consultarse los papeles una vez transcurridos 25 años.

Para empezar: lo que se aplica “por analogía” es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). Al menos eso dice la Norma sobre acceso y valoración de los fondos documentales y bibliográficos del Congreso de los Diputados [pdf]. Porque la Ley de Secretos Oficiales de 1968 (sí, mil novecientos sesenta y ocho), de plazos no dice ni pío. Pero es que en la norma del Congreso no dice nada de plazos; y la LPHE no dice exactamente que puedan consultarse los “papeles” (ay, papeles, papeles…) una vez transcurridos 25 años.

Los medios de comunicación son fundamentales para el avance democrático de las sociedades. Pero cuando no se preocupan por acceder a las fuentes primarias… Malo. A lo mejor esperan a que alguien “saque” los documentos de los archivos y se los venda por un módico precio. Leyendo lo que escriben y escuchando lo que dicen, es lo que parece.

5.8. Conservación de la documentación.

En los Servicios Centrales del I.N.A.P. se dispone de un Archivo Central en el que se custodia la documentación utilizada en la gestión de las actividades formativas incluida la correspondiente a los procesos y cursos selectivos. Dicho archivo ha sido creado hace unos doce años y contiene documentación desde el año 1944 procedente del desaparecido Instituto de Estudios de Administración Local.

La documentación que se custodia en el Archivo Central incluye entre otros aspectos, solicitudes, relaciones de participantes, nombramientos y evaluaciones de profesores, partes de firma, exámenes, trabajos, libros de registro de diplomas, fichas de opositores y actas de tribunales. Algunos Centros, con carácter previo a la remisión de la documentación al Archivo Central, realizan un expurgo de la misma y destruyen la que consideran que no es necesario conservar.

El I.N.A.P. no dispone de unas normas para determinar la documentación que se debe conservar ni del procedimiento a seguir para la destrucción de los documentos que contengan datos de carácter personal y que tengan que ser desechados.

Una empresa privada retira la documentación, que previamente ha sido depositada en cajas, de las instalaciones del Instituto para proceder a su destrucción emitiendo el correspondiente certificado. Entre el Instituto y la citada compañía no se ha formalizado un contrato que regule esta prestación de servicios.

Sobre estas custiones, la Agencia recomienda únicamente  “delimitar […] los procedimientos a seguir respecto a la documentación que deba ser desechada” y que el contrato -que sí debía existir, a pesar de lo que parece desprenderse de la última frase- cumpla los requisitos exigidos por la LOPD.

Este pequeño texto da para mucho, pero no creo que este sea el medio adecuado (ni yo la persona apropiada) para tratarlo. No obstante, no me resisto a anotar algunos pensamientos:

• Lección de braquigrafía: AEPD (o AGPD) son las siglas de la Agencia Española de Protección de Datos, en ningún momento Agencia Española de Protección de Documentos (¿Agencia Española que Pasa de los Documentos?)
• Consejos vendo, que para mí no tengo: ¿cuántos cursos se habrán impartido en el INAP a lo largo de todos sus años de existencia sobre gestión de archivos de oficina, tratamiento archivístico, protección del patrimonio histórico…?
• Frente a la macrovaloración… ¡macarrovaloración!: dícese de la teoría sobre los procesos de valoración archivística que propugna una metodología macarrónica basada en criterios subjetivos oculares (a ojo) para eliminar grandes cantidades de documentos (a bulto) de forma no controlada (a sobaquillo).

Y es que… mejor tomárselo con humor.

Los archivos parecen ser los únicos sitios que siguen haciendo una larga narrativa en la Red, como [si se tratara de] un documento impreso.

Comentario de un bibliotecario a propósito de los instrumentos de descripción en línea, reproducido por Audra en Touchable Archives.

Aún no he terminado de leerlo -es una obra de referencia, no tengo intención de leerlo del tirón, aunque ya han caído unos cuantos capítulos-, pero puedo destacar lo siguiente:

• El primer capítulo (Fonaments teòrics), que gira en torno a la Archivística, sus principios fundamentales y los conceptos de archivo y documento, me ha parecido bastante correcto para una obra como ésta. Y ahora viene el pero: lo he encontrado un tanto clásico (no se si es ésta la palabra adecuada) -estructura y contenidos son similares a los de otros manuales, no se adentra en terrenos resbaladizos y su bibliografía, de hecho, apenas incluye obras de los últimos diez años-. No obstante, entiendo que es lo que toca en un manual, y más siendo el primer capítulo. Además, resume muy bien y de forma fácilmente comprensible las bases del meollo archivístico. Algo que también podría decirse de otros capítulos, como el cuatro (Tècniques de tractament documental), una excelente síntesis sobre el tratamiento archivístico.
• Me ha gustado especialmente el capítulo quinto (El sistema de gestió de documents). Y a lo mejor parece una bobada, pero destacaría las páginas dedicadas al cuadro de clasificación, muy recomendable para que los archiveros no quebequeses ni catalanes y poco acostumbrados a la codificación alfanumérica nos acerquemos a la clasificación uniforme de documentos.
• En ese capítulo me he quedado. Me falta medio libro, más o menos. Seguro -por cuestiones laborales es lo que toca- que leo el noveno (Arxius, ciutadania i accés a la documentació), escrito por Josep Matas, quien ya habló del Manual en su blog. Además, me interesan los capítulos 6 y 7, dedicados, respectivamente, a La gestió dels documents electrònics y a La gestió informatitzada d’un servei d’arxiu. Lo cual está muy bien porque a veces tengo la sensación de que se confunde lo primero con lo segundo. Y el décimo (Els arxius i la comunicació), del que echo de menos tras repasar el sumario y hojearlo un poco, que dedique más espacio a la referencia archivística -algo bastante habitual, por otra parte, en nuestra bibliografía profesional-.

El otro libro es Los archivos provinciales. Qué son y cómo se tratan (Gijón: Trea, 2009), de Ángel Laso Ballesteros. Un nuevo ejemplo de la importantísima labor que viene haciendo Trea al panorama archivístico hispanoparlante, sobre todo desde el lanzamiento de la colección Archivos Siglo XXI que precisamente dirige Joan Boadas, autor de la introducción del Manual de la AAC.

Esta obra, dedicada a los Archivos Históricos Provinciales españoles, consta de dos partes, una primera en la que el autor hace una revisión crítica de la historia y las perspectivas de futuro de estos centros; y una segunda, de carácter más práctico, en la que repasa los principales fondos documentales de estos archivos, dando cuenta de los AHPs en que se encuentra cada uno de ellos (con mención en algunos casos de fechas extremas y volumen) y ofreciendo una breve historia institucional de sus productores. Fundamental para aquellos/as que estén preparando los temas de Fuentes e Historia de las instituciones, pero también para referencistas [nota: el que no se utilice apenas este término en el ámbito archivístico es sintomático -al igual que lo que comentaba antes de la bibliografía- de la poca importancia que se le da generalmente a este servicio]. Lástima que no tenga índices, algo fundamental -desde mi punto de vista- en una obra de referencia como ésta, que puede ser una utilísima herramienta de trabajo y estudio.

En definitiva: dos obras que vale la pena tener en nuestra biblioteca particular, y  que recomiendo especialmente a aquellas personas que me piden bibliografía para preparar oposiciones. ¡Feliz año nuevo y feliz lectura!

.. las Administraciones Públicas, en el marco de una verdadera campaña de marketing, vienen identificando transparencia administrativa no con el acceso de los ciudadanos a los archivos, sino con información proporcionada a través de oficinas [o sitios web, o publicaciones de marcado carácter propagandístico -revistas y folletos institucionales-, podría añadirse] específicamente destinadas a ello. (…) Se pretende convencer a los ciudadanos de que las Administraciones Públicas son cada vez más transparentes. Pero transparencia no es saber qué hace la Administración, sino saber cómo lo hace: eso sí es información veraz.

D. DE OCAÑA LACAL. “El archivero y la aplicación de la legislación sobre acceso”, pp. 168-169. En El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los archivos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2001.

Actualización (11 de enero de 2010): no había visto la primera crítica por parte de la oposición a la inexistente política archivística del Gobierno de Cantabria (sí, al final del texto menciona al nonato Archivo Regional). Tarde y con una clarísima intención política -no escribe en aras de la transparencia-, sin reconocer los propios errores o, mejor dicho, las omisiones. Pero bueno, no está mal que al menos se mencione el caso, de lugar a alguna réplica, y los medios de comunicación se interesen un poco.

Llegó la réplica (13 de enero de 2010)… pero sin mencionar el Archivo Regional, General o como quiera llamarse.

Con apenas archiveros en plantilla, la Administración regional decidió convocar plazas (el proceso selectivo se ha resuelto hace unos días) para dar uso al estupendo, nuevo, bonito y pagado por todos/as edificio que tenían muerto de la risa, y que habrá de albergar (o alberga ya), entre otros centros, el AHP de Cantabria (del de la Comunidad Autónoma mejor no hablamos). Digo “dar uso al edificio” no como una forma de hablar, sino porque es para eso. No se convocan plazas para poder dar por fin un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. No. Por eso las plazas no las convoca un Gobierno que en época de bonanza no necesitaba archiveros, sino un extraño organismo llamado Sociedad Regional de Cultura y Deporte que precisamente se ocupa de ese tipo de “asuntos”. Qué más dará un campo de fútbol, una pista de patinaje, el museo de la pantortilla… o la memoria de una región, el soporte de los derechos de sus ciudadanos y el principal mecanismo de transparencia y rendición de cuentas de su Gobierno.

Particularmente me parece que podría calificarse como un mal ejemplo de huida del derecho administrativo, por no decir algo peor. De esta forma, se han ahorrado un montón de garantías y derechos de los ciudadanos (como plazos, posibilidades de recurso… o símplemente poder presentar la solicitud por correo certificado o en cualquier registro). Además, por lo que me parece -si me equivoco, disculpad mi ignorancia en estos temas-, aquellas personas que hayan superado el proceso selectivo no serán personal funcionario ni laboral del Gobierno de Cantabria, sino de esta Sociedad.

Y qué narices. Que me chirría mucho que lo convoquen así. Y leer el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte S. L. para la gestión de los Centros Culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (BOC nº 14, 22 de enero de 2009), que dice que

tiene por objeto encomendar a la “Sociedad Regional de Cultura y Deporte S. L” la gestión integral de los centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con exclusión de la gestión del personal del Gobierno de Cantabria adscrito a los mismos.

A tal efecto, la «Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.» velará por el adecuado mantenimiento y conservación de los centros: tanto en lo que se refiere a los inmuebles en los que se ubican como a la dotación de medios necesarios para su funcionamiento; organizará y gestionará el servicio de visitas a los centros; y colaborará en la organización y ejecución de actividades culturales que se desarrollen en los mismos.

O las propias Bases de la convocatoria (con las que no enlazo para que el internauta se deleite navegando por ese maravilloso ejemplo de usabilidad y accesibilidad que es el sitio web de la Sociedad), que citando los Estatutos de la Sociedad, dicen que

tiene como objeto social la promoción, organización y ejecución de actuaciones y actividades relacionadas con el patrimonio natural, histórico, cultural y deportivo de Cantabria, así como la promoción, creación y gestión de instalaciones e infraestructuras ligadas al mismo y el artículo 2 de sus estatutos enumera, a título enunciativo, las actividades que se entienden englobadas en el mismo, entre ellas “la creación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras culturales y deportivas cuya titularidad y/o gestión corresponda a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; adquisición, arrendamiento y gestión de inmuebles, siempre que guarde relación con su objeto social, con aportación de medios personales y materiales suficientes, en caso de que fuera necesario”.

A mí me parece -a primera vista y, repito, sin tener mucha idea en estas materias- que la convocatoria está jurídicamente cogida por los pelos. Y que refleja, como decía arriba, que el objetivo era dar uso a un edificio y evitar así posibles críticas. Maquillaje, símplemente. En fin -no quiero alargarme más- la enésima muestra del interés que tiene esta Administración por los archivos. O a lo mejor es que yo soy muy tiquismiquis.

• ¿Cuál es la situación actual de la descripción y el acceso a las descripciones archivísticas? Estamos en un momento de transición… aunque da la impresión de que llevamos un montón de tiempo en él. O que siempre estamos en transición. Lo que pasa en la actualidad es que se ve más claramente hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos: de los instrumentos de descripción tradicionales, textuales, lineales, unidimensionales… hacia unos “sistemas de descripción y acceso” (utilizando la terminología de Pitti) multidimensionales y abiertos.
• ¿Cómo empezó todo? Posiblemente, el elemento que más haya incidido en esta tendencia han sido las nuevas tecnologías: los SGBD primero y las tecnologías web después, que están dando lugar a un importante cambio en la forma de acceder a los recursos archivísticos y, por tanto, en cómo entenderemos y llevaremos a cabo la descripción. Nuevas tecnologías que ya no son tan “nuevas”, como tampoco lo son algunas de las ideas sobre las que se sustenta el cambio. Por ejemplo, se reconoce ahora el valor del sistema australiano de series y se cita como precedente el famoso artículo de Peter Scott de 1966 (“The Record Group Concept: A Case for Abandonment” [pdf]). Otros elementos que participan en esta transición pueden ser los tampoco ya tan nuevos modelos de la descripción bibliográfica; o la ampliación del corpus normativo del ICA (habrá que acostumbrarse a ponerlo así) a partir de ISAAR(CPF) y lo que supone su implementación.
• ¿Cuál es el objetivo deseable? Superar la “inadecuación funcional” de los IDDs tradicionales: no se trata de “escanear inventarios”, sino de adaptarlos al “nuevo” medio (computer-friendly) y a las personas (user-friendly). Algo así como abrir las puertas de unos Archivos 2.0 en una Web Semántica.
• ¿Qué pasos se están dando? Según Pitti, es necesario realizar un análisis riguroso de la lógica y la estructura de la descripción archivística. Por eso, la definición de un modelo conceptual de la descripción archivística se considera algo prioritario y la comunidad internacional ya está trabajando en ello. Ahora, “las relaciones están en el centro de la descripción”, dice otro de los textos. En España, ya llevan algún tiempo estrujándose la mollera los componentes de la CNEDA; y en la última Reunión anual del Comité de Normas y Buenas Prácticas (CBPS) del ICA se decidió la elaboración de una “declaración general de modelo de datos”, un documento que incluirá una introducción general sobre la evolución de los trabajos de normalización impulsados por el ICA; un modelo conceptual de la descripción archivística, compuesto por una declaración de los elementos de descripción de cada tipo de entidad y la definición de las relaciones entre las diferentes entidades; y anexos con tablas de concordancias a otras normas y trabajos actualmente en curso sobre modelado conceptual. Por los mismos motivos, se hace necesaria la revisión de las normas actuales para adaptarlas a lo que queramos que sea la descripción y acceso: “corresponde a la comunidad archivística dirigir las normas en consecuencia”, dice Mark Matienzo. Por esta razón, las normas del ICA van a ser adaptadas al modelo conceptual que se defina. Pero también las normas EA… (EAD, EAC-CPF), que tendrán que ser más amigables con los SGBD (Pitti habla de integrar lenguajes de marcado y bases de datos), más datacéntricas, más enlazables y “enlazantes”, más acordes con el medio en el que se van a desenvolver, en definitiva.
• ¿Cuánto tiempo durará esta transición? Pues seguro que todo este jaleo no está resuelto para mañana… No obstante, como escuché decir a Joachim de Posada, “el factor más importante para tener éxito es la habilidad para retardar la gratificación”

Igual me he pasado un poco, ¿no? Bueno, espero que al menos sirva para generar un poco de debate y que el blog vuelva a tener algo de vidilla. Los textos que dieron lugar a esta excesivamente larga anotación son:

• Direction des Archives de France (2009). Bulletin d’information francophone sur l’EAD, nº 36 [pdf].
• Matienzo, M. (2009). “Archives & the Semantic Web“. Annual Meeting of the Archivists’ Round Table of Metropolitan New York.
• Pitti, D. (2008). “Archival Description and Access After Finding Aids” [ppt]. Vale la pena también echar un vistazo a los contenidos que ha tenido el curso que ha impartido recientemente en la Rare Book School.
• Savoja, M. (2002). “Future scenarios for archives: some Italian perspectives” [pdf]. Convergence on Memory Institutions. Finnish-Italian Seminar on the Collaboration of Libraries, Archives and Museums in the Organization of Knowledge.

En primer lugar, la conferencia inaugural de Antonia Heredia: “La e-Administración y la e-Gestión Documental. Aproximación a una realidad” (tras un buen rato de espera, acabo de descargar el vídeo, pero no me funciona el audio…). En ella, entre muchas otras cosas, habló de cambio:

El factor que introduce la novedad, no es otro, que la aplicación de las nuevas tecnologías a una y a otra [la gestión administrativa y la gestión documental] que afectan a sus metodologías, a los procesos, pero no a la respectiva esencia de ambas. Lo que no quiere decir, ¡que no haya cambio! –claro que los hay, y mucho- empezando por las responsabilidades, las corresponsabilidades, el compromiso mutuo y la inversión.

Y, en segundo lugar, la presentación de la ponencia de José Gregorio Silva, “Archiveros y computistas. Integrar dos conocimientos para la definición de sistemas de gestión documental en las organizaciones”, en la que habla de trabajar con otros profesionales, de integrar nuestros conocimientos, de transdisciplinaridad. De archiveros y Arquitectura de la Información, de Web 2.0 y Archivos 2.0. De ser visionarios.

“Los problemas son los mismos, sólo cambia el formato”. No es verdad. En realidad, hay problemas diferentes en todos lados. Estamos en un punto de inflexión importante. Entre los que nos hablen de una nueva etapa de la historia habrá muchos charlatanes… Entre los que nos hablen de ella habrá muchos ciegos, muchos distraídos, y muchos que no quieren ver…

Reconocer el cambio, afrontar el cambio, participar del cambio. En un momento (que es también personal) de cambios, la actitud con la que se afronten es fundamental. Así que, por mi parte, trataré de abrir los ojos y estar atento. Porque quiero ver. Aunque a veces me engatusen (o me deje engatusar por) los charlatanes. ¡Buena lectura!

Para ello se contó con un pequeño grupo de jóvenes analistas -entre los que se encontraban matemáticos como Richard A. Leibler, lingüistas como Meredith Gardner…-, de los que buena parte eran mujeres. De hecho fue a la joven Gene Grabeel a quien se encargó en principio de organizar y analizar los primeros cientos de mensajes diplomáticos soviéticos interceptados, dándose inicio así al proyecto.

Desde 1995 se han desclasificado y puesto a disposición del público unos 3.000 documentos fruto del proyecto VENONA, que se corresponden con otras tantas comunicaciones “secretas”, y que pueden consultarse a través del sitio web de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) junto con otros documentos no menos interesantes (como, por ejemplo, los referidos a OVNIS o a la crisis de los misiles cubana).  Vale la pena echar un rato hojeando los resultados del que se considera uno de los más importantes exitos de la inteligencia estadounidense, en palabras de William P. Crowell, antiguo director de la NSA.

A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, encontrar varios documentos de 1944 referidos al pintor español José María Sancha Padrós (1908-1994), al que se califica de agente del KGB en México con nombre clave “Rembrandt” (véase en los siguientes pdf referidos al 4 de abril, 10 de septiembre y 6 de diciembre de ese año). No he encontrado en la Red ninguna biografía de Sancha Padrós -aparte de la de la Fundación Mapfre con la que enlazo-, aunque sí bastantes referencias e imágenes de algunas de sus obras, incluido un cartel de la Guerra Civil que realizó para Socorro Rojo Internacional.

Seguramente otro día volveré a echar un vistazo buscando algún personaje o historia interesante. Y así desconecto un poco de lo electrónico, que me tiene algo liado en las últimas semanas.

Espero vuestros comentarios…

El punto de partida

Los Archivos Departamentales de Ain (Francia) comenzaron a digitalizar sus fondos en 1999, a partir del microfilm del registro civil realizado por los mormones. Cuatro años más tarde pusieron estas imágenes a disposición de los usuarios en la sala de consulta, a través de una aplicación que permitía a los mismos “describir” las imágenes a partir de unos puntos de acceso predeterminados, referidos a los datos de las personas inscritas y citadas en los asientos registrales. No obstante, y a pesar de que durante un par de años se realizaron campañas formativas al respecto, los investigadores no fueron receptivos en principio (sobre todo por el hecho de tener que acceder a la imagen digital de los documentos a través de la aplicación, en lugar de consultar directamente los originales). Mientras tanto, algunas personas interesadas (y relacionadas de una u otra manera con el archivo) indizaron los libros de algunas comunas a modo de prueba, así como una persona contratada en 2004-2005 gracias a un convenio con una asociación genealógica. Gracias a ello, en 2006 se habían indizado unas 130.000 imágenes de un total cercano a los 2 millones (un 6,5%).

El salto a la Red

En 2007 se decidió trasladar el proyecto a la Red y abrirlo a todos los internautas, ampliado ya a nuevos conjuntos de documentos. Para dotarlo de un cierto grado de control, se estableció un protocolo basado en dos métodos. En primer lugar, con la inscripción (registro) del usuario en el sistema, que incluye un test de paleografía de lectura para evaluar su pericia y el requisito de aceptar unas condiciones del servicio o “Carta de los contribuyentes”  (disponible en pdf). En segundo lugar, mediante la atribución de las imágenes que puede indizar un usuario a través de “lotes” establecidos por el administrador del sistema, en función del nivel de lectura del usuario, así como de las preferencias geográficas, cronológicas, etc. expresadas (si lo desea) por el mismo, si bien existía el propósito de permitir al usuario atribuirse personalmente los lotes. Además de este control a priori, se establecieron también métodos de control a posteriori, efectuados tanto por el administrador (que revisa el primer lote que elabora cada usuario registrado) como, lo que es un paso más hacia el archivo social, gracias a los errores detectados y comunicados por los propios internautas.

Resultados del proyecto

El balance de los cinco primeros meses de experiencia superó todas las expectativas:

• Contribuyentes: más de 120 usuarios participaban en el enriquecimiento del sistema, de los cuales 25 se mostraban particularmente activos y regulares. Cada mes se registraban nuevos contribuyentes.
• Contenidos: se habían indizado 216.000 imágenes , en una base de datos que incluía más de 600.000 nombres.
• Calidad: los procedimientos de control a posteriori mostraron un índice de errores muy bajo.
• Potencialidades detectadas: interés pedagógico de cara a determinados grupos de usuarios (por ejemplo, convenios con asociaciones para enriquecer la información); creación de una “red de colaboradores”: interés por fidelizarlos, cultivar su motivación y crear vínculos entre ellos.

¿Qué opinión os merece el proyecto?

Un último apunte: me parece significativa la selección de los documentos que son objeto de digitalización y difusión en la Web, aunque no puedo asegurar que el proyecto esté abierto en todos ellos (creo que sí, aunque no lo he comprobado).

• Registros parroquiales y de estado civil (1509/1886)
• Censos de población (1863/1906)
• Listas de sucesiones y ausencias -defunciones- (1834/1959)
• Matrículas de reclutamiento (1864/1907)
• Cartas y escritos de soldados franceses en la Iª Guerra Mundial -poilus- (1914-1919)
• Planos catastrateles (1806/1867)
• Tarjetas postales antiguas (finales del s. XIX/principios del s. XX)
• Prensa local (s. XIX/s. XX)