Las noticias que leo procedentes de mi Comunidad Autónoma de origen no dejan de asombrarme:
El Ministerio retira la vigilancia del archivo territorial de Justicia (El Diario Montañés, 4-4-2007)
El archivo territorial de la Administración de Justicia de Cantabria, situado en el antiguo edificio de Tabacalera de la calle Alta, se encuentra sin vigilancia alguna desde el pasado día 1 por decisión expresa del Ministerio de Justicia.
La amortización de la plaza de vigilante ha sido tomada por la Administración en contra de los informes desfavorables de la Gerencia de Cantabria, que desaconsejó la supresión de la vigilancia por los riesgos y desprotección en que queda el archivo histórico.
La medida ha sido duramente críticamente por Comisiones Obreras (CC OO), que estima que «la medida es una más de tantas que recortan gastos fundamentales a fin de aparentar un coste de funcionamiento de la Administración de Justicia de Cantabria inferior al real». A juicio de CC OO, la reducción de gastos por parte del Ministerio se encuentra dentro del proceso de negociación de las transferencias de Justicia a la comunidad autónoma.
Hasta el día 1 de abril el archivo judicial estaba custodiado durante las 24 horas. El Ministerio de Justicia realizó un primer recorte, manteniendo la vigilancia únicamente por la tarde y noche. Entonces la Gerencia Territorial contrató un vigilante en jornada de mañana para completar el servicio, pero cuando se quedó sin partida presupuestaria no pudo seguir costeando el gasto. La Gerencia instó al Ministerio a que mantuviera el control continuo, sin éxito alguno.
CC OO considera que esta decisión «es un despropósito, no solo por el valor de lo que allí se custodia, sino también por la seguridad de los trabajadores que acuden a la dependencia, una espacio de gran extensión enmarcado en un recinto que se utiliza como aparcamiento, permaneciendo siempre abierto». Gerencia ha entregado un mando a distancia a los jueces, fiscales y secretarios que trabajan en el Palacio de Justicia de la calle Alta para abrir el portón de acceso al edificio y que puedan estacionar sus vehículos en el interior. Pero hay que accionar el cierre, con lo que «a veces queda abierto de par en par, con el riesgo de que entren personas ajenas», denuncia el sindicato.
CC OO entiende que Justicia, en su obsesión por ahorrar, no mide las las posibles consecuencias de sus decisiones para la seguridad de los trabajadores y de los fondos custodiados, que afectan a derechos de los ciudadanos y constituyen un patrimonio histórico».
La noticia dice bastante de la poca consideración que tienen los archivos para las Administraciones Públicas y, en general, para la sociedad. Y a propósito de ella me gustaría traer algunas reflexiones -a pesar de que no conozco muy bien la situación de los archivos de la Administración de Justicia (aunque la supongo) y puede que me equivoque-.
En principio, y según interpreto del Real Decreto 937/2003 de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales -del que hablaba de pasada en un post reciente-, los Archivos Judiciales Territoriales son archivos intermedios, no históricos. El hecho de que no exista aún (salvo excepciones) un verdadero sistema de archivos judiciales y que no se hayan creado (también en este caso excepciones aparte) las Juntas de Expurgo que establece dicha norma hace que no se hayan efectuado transferencias de la documentación con valor histórico.
El edificio al que hace referencia la noticia sólo lo conozco por fuera, ya que está situado en frente del Parlamento de Cantabria, donde trabajé un par de años. No obstante, me huele que de archivo nada: más bien me aventuraría a decir que es un almacén. Por lo que se puede entrever en el artículo, la preocupación del sindicato viene dada principalmente por el posible recorte de fondos para la Administración de Justicia en Cantabria con motivo de la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma. Por eso se preocupa por el vigilante -cosa que no critico, ojo- pero no por el/la archivero/a que, seguramente, NO EXISTE.
Puede que no tenga razón y que sí haya archivero/a. Pero si lo hay (en el Territorial de Cantabria o en los de otras Comunidades Autónomas), ¿cómo se ha realizado la provisión del puesto de trabajo? Yo por lo menos no lo se. Vuelvo al ámbito de las conjeturas: quizás no me enteré de la convocatoria de la plaza (ni de esa ni de otras). Se proveería a través de concurso, no sé… Estaré atento a partir de ahora por si se da la oportunidad y puedo optar a alguna plaza.
¿Será consciente la ciudadanía de Cantabria de la situación de los archivos en su tierra? Seguramente no, y eso no cabe duda de que es en gran medida culpa de nuestra comunidad profesional. A mí, por lo menos, me indigna leer en el mismo periódico de la anterior noticia lo siguiente:
El Gobierno invirtió tres millones [de euros] en fomentar la identidad regional
Qué cosas. Más o menos el 12,5 % de lo que ha costado el (cada vez más caro) edificio que albergará el AHP de Cantabria, la Biblioteca Regional y -supongo- el Archivo de la Comunidad Autónoma, aún pendiente de creación tras casi cinco años de la entrada en vigor de la Ley 3/2002, de Archivos de Cantabria [.doc]. A lo mejor es que los documentos generados en los veinticinco años de Autonomía no son parte esencial para la identidad de los/as cántabros/as.
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